La Ley Marco de Ciberseguridad ya comenzó su implementación formal en Chile, marcando un hito en la estrategia nacional de protección digital. Durante el evento Patagonia Ciber 2025, realizado en Puerto Varas, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) anunció el inicio del proceso para calificar a los Operadores de Importancia Vital (OIV), un avance clave para aplicar esta nueva legislación.
Este anuncio representa un paso concreto hacia el fortalecimiento de la seguridad digital en sectores estratégicos del país, tanto públicos como privados.
¿Qué implica la Ley Marco de Ciberseguridad?
La Ley 21.663, promulgada en 2023 y conocida como Ley Marco de Ciberseguridad, establece un nuevo marco legal para proteger los sistemas críticos del país y garantizar la continuidad operativa de servicios esenciales como salud, telecomunicaciones, energía e infraestructura digital.
Uno de sus puntos centrales es la identificación de entidades esenciales u OIV, es decir, organizaciones cuya interrupción por un ciberataque tendría un impacto significativo en la seguridad, la economía o el bienestar de la población.
El proceso anunciado por la ANCI tiene como objetivo iniciar esta calificación formal, permitiendo aplicar obligaciones específicas de seguridad y monitoreo a estas entidades clave.
Un hito anunciado en Patagonia Ciber 2025
El anuncio se realizó durante la primera edición de Patagonia Ciber 2025, un evento que reunió a más de 500 asistentes por jornada, incluyendo autoridades, especialistas en ciberseguridad, empresas y representantes del mundo académico.
El director de la ANCI, Daniel Álvarez, destacó que “para construir una base sólida en ciberseguridad, debemos comenzar por identificar a quienes deben estar mejor preparados para resistir incidentes”. También adelantó la publicación de guías técnicas oficiales que ayudarán a estas organizaciones a cumplir con los requisitos de la ley.
Por su parte, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, enfatizó que “resguardar los servicios esenciales y la integridad de los datos personales es una responsabilidad prioritaria para el Estado”.
Ciberseguridad como tarea colectiva
La Ley Marco no solo busca imponer obligaciones técnicas, sino también promover una cultura nacional de prevención. Así lo expresó Pelayo Covarrubias, presidente de Fundación País Digital, organización coorganizadora del evento:
“La ciberseguridad es una tarea estratégica, cultural y colectiva. No se trata solo de tecnología, sino de colaboración”.
Autoridades como la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y miembros del Congreso coincidieron en la necesidad de avanzar en políticas públicas integrales que contemplen tanto la reacción como la anticipación a incidentes.
Cifras que revelan la urgencia
Durante el evento se presentó el Panorama Global de Ciberseguridad 2025, que reveló un dato alarmante: 920 mil millones de intentos de ciberataques se han registrado en Chile en el último año, una cifra que refleja el crecimiento exponencial de amenazas y la urgencia de implementar medidas concretas.
Esta estadística refuerza la importancia de que empresas privadas, especialmente aquellas que podrían ser calificadas como OIV, comiencen desde ya a revisar y fortalecer sus protocolos de seguridad.
¿Qué viene ahora?
La ANCI proyecta que durante 2025 se avance en:
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La notificación formal de los primeros OIV
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La publicación de las guías técnicas sectoriales
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La implementación de auditorías y mecanismos de reporte
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La promoción de instancias regionales como Patagonia Ciber, que ya confirmó futuras ediciones en otras zonas del país
Este proceso marcará un antes y un después en la forma en que las empresas chilenas abordan su seguridad digital.
Conclusión: Un nuevo escenario regulatorio ya está en marcha
La Ley Marco de Ciberseguridad dejó de ser una iniciativa en papel. Hoy, con el inicio del proceso de calificación de OIV, las empresas e instituciones estratégicas deben prepararse para un nuevo estándar de exigencia.
Desde Cut Security, seguiremos informando sobre los avances normativos y técnicos que afectan directamente a la protección digital de las organizaciones en Chile. Estar al día no solo es un deber legal: es la única forma de garantizar continuidad operativa, confianza y resiliencia frente a las amenazas actuales.
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